AGG (Alemania)
La AGG es la ley alemana de igualdad de trato. En selección, protege frente a la discriminación por motivos como origen étnico, sexo, religión, discapacidad, edad o identidad sexual, desde la oferta hasta la decisión de contratación.
Qué protege en un proceso de selección
La Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, de 14 de agosto de 2006, identifica en su artículo 1 los motivos protegidos. Sus reglas afectan al acceso al empleo y a la selección en Alemania; no constituyen una norma común para todos los países europeos.
Para el empleador, la consecuencia práctica es relacionar los requisitos y las decisiones con el trabajo. Una preferencia por una determinada edad no se convierte en una competencia profesional por aparecer en la descripción del puesto. Las diferencias de trato admitidas requieren examinar las condiciones específicas de la ley.
La oferta y los criterios de evaluación
El artículo 11 prohíbe publicar ofertas que vulneren la prohibición de discriminación. Añadir «m/w/d» al título no corrige unos requisitos discriminatorios en el resto del anuncio.
Revisa también las preguntas de entrevista y las notas de criba. En un ejemplo ilustrativo, «resolvió el supuesto de atención al cliente y explicó el criterio utilizado» describe una evidencia de trabajo. Una valoración sobre la edad o la situación familiar no explica esa capacidad.
Por qué importa conservar pruebas pertinentes
El artículo 22 establece una regla de carga de la prueba cuando una parte acredita indicios que permiten presumir discriminación. Por eso conviene que los criterios y las evaluaciones reflejen lo que realmente se examinó, con acceso limitado y conservación justificada.
El artículo 15.4 contempla, con las salvedades que recoge, dos meses para hacer valer por escrito determinadas pretensiones de indemnización o compensación. En una candidatura, el cómputo parte de la recepción del rechazo. No significa que todas las acciones posibles prescriban a los dos meses ni que ese sea un plazo universal para borrar expedientes.
Documentar un proceso no garantiza por sí solo su legalidad. Los criterios deben ser lícitos y haberse utilizado de forma coherente; una nota redactada después no sustituye la evidencia de cómo se tomó la decisión.